Abogado de Familia en Granollers

El coste de contratar a un abogado de familia en Granollers puede variar bastante según el tipo de caso y la complejidad del asunto. La consulta tiene un valor de 90 euros y, a partir de aquí, se establece un presupuesto en función de la problemática y las soluciones propuestas.

En cualquier caso, siempre conocerás el coste antes de que se realice cualquier intervención.

No ofrecemos consultas gratuitas, ya que valoramos tanto nuestro tiempo como la experiencia que aportamos desde el primer momento. No obstante, si decides continuar con nosotros tras la primera visita, el importe abonado podrá descontarse del presupuesto final. Si lo prefieres, podemos ofrecerte toda la información necesaria sin compromiso antes de agendar una cita.

Son diferentes tipos de prestaciones, que obedecen a distintas necesidades. La prestación de alimentos es para cubrir las necesidades de los hijos menores (también mayores que estudian). La prestación compensatoria (actualmente está mas limitada judicial y normativamente) obedece a una situación de solidaridad, una vez extinguido el matrimonio.

Legalmente, se exige una limitación temporal para la solicitud de prestación compensatoria, siendo muy residuales los supuestos que se establecen judicialmente pensión compensatoria indefinida.

El Derecho Familiar es una rama del derecho civil que se ocupa de las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que conforman una familia en concepto amplio, abarcando una variedad de aspectos legales que afectan directamente la estructura familiar y el bienestar de sus integrantes, ya sea en referencia al cónyuge y/o a los hijos.

En Sastre, Marín & Juàrez Advocats tenemos el mejor abogado familia Granollers, nos dedicamos a asesorar, negociar, tramitar y solventar estos procesos legales con empatía y profesionalidad, ofreciendo soluciones personalizadas que respetan la dignidad y las necesidades de cada familia.

El impago de la pensión de alimentos o bien el incumplimiento del régimen de visitas establecidos en el convenio regulador podrá solicitarse al Juzgado el cumplimiento forzoso, a través de la oportuna demanda judicial.

Se determina teniendo en cuenta dos variables: las necesidades económicas del menor y la capacidad económica de los progenitores.

En el caso que sea un procedimiento de mutua acuerdo, los progentores deciden el régimen de guarda custodia, estableciendo por escrito en el Plan de Parentalidad y Convenio Regulador el desarrollo de régimen de guarda custodia acordado conjuntamente.

En el supuesto que sea un procedimiento contencioso, el juez – siempre en defensa del beneficio de los menores – valorará determinados aspectos como la relación previa de los menores con cada progenitor, la capacidad de ambos progenitores para cuidar y educar a sus hijos, la disponibilidad horaria, la cercanía de los domicilios, la edad de los niños, la opinión de los mismos (según su madurez, no siendo su opinión determinante en la decisión del juez), y cualquier circunstancia especial que pueda influir en su bienestar. El objetivo es garantizar que los hijos crezcan en un entorno estable y equilibrado.